Fuente: Excerial 12 Marzo 2013

Nuevo intento de acabar con la morosidad en operaciones comerciales

¿Conoces las nuevas medidas de apoyo a emprendedores, PyMES y autónomos? Te contamos las que tratan de disminuir la morosidad en las operaciones comerciales.

El BOE del día 23 de febrero publicó el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, que contiene una serie de medidas de apoyo al emprendedor, a las pymes y a los autónomos. En este post destacamos aquellas dirigidas a reducir la morosidad en las operaciones comerciales.

Este asunto, la morosidad en el pago de deudas contractuales entre empresas y sus largos plazos, está afectando a la supervivencia de las compañías, lo que ha generado una gran preocupación en el ámbito de la Unión Europea (UE) y en el español.

De hecho, este Real Decreto-ley termina de incorporar la Directiva 2000/35/CE contra la morosidad en operaciones comerciales, aunque el Derecho español ya cumplía, tras una reforma que se produjo en 2010, en líneas generales, con las exigencias de la UE.

Las principales modificaciones ahora son:

- Se unifica en 30 días el plazo de pago a falta de acuerdo entre las partes, si bien no cabe acuerdo cuando el plazo sea superior a 60 días.

- Se concede un plazo especial, en casos de que se pacte un procedimiento de aceptación o comprobación de productos o servicios, que no podrá ser superior a 30 días y el pago deberá efectuarse en los 30 días siguientes.

- El plazo comienza a contar desde la fecha de recepción efectiva de los bienes o de la prestación de los servicios, adaptándose consecuentemente la fecha de inicio en los casos de remisión de facturas por medios electrónicos.

- Se mantiene la referencia a la acumulación de facturas, estableciéndose en 15 días el periodo máximo de acumulación.

- Se incorpora la previsión relativa a los calendarios de pago y cómo se calcularán los intereses en caso de que alguno de los plazos no se abonara en la fecha pactada.

- Se reforma el tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar, que pasa del 7% al 8%, y se han de sumar al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación.

- En la indemnización por costes de cobro se prevé que, en todo caso, se ha de abonar al acreedor una cantidad fija de 40 euros. Esto, sin necesidad de petición previa, que se añadirán a la que resulte de la reclamación que sigue correspondiéndole por los gastos en que se incurrió para conseguir el cobro de la cantidad adeudada.

- Desaparece el límite del 15% de esta indemnización, que se calculaba sobre la deuda principal. En esta indemnización se podrán incluir, entre otros, los gastos que la mora ha comportado para el acreedor por la contratación de un abogado o de una agencia de gestión de cobro.

- Se incluyen entre las cláusulas abusivas y, por tanto nulas, las que excluyan la indemnización por costes de cobro. Éstas serán contrarias a la ley, salvo que el deudor demostrase que dicha exclusión no es abusiva.

- Se prevé que la infracción de esta ley se produzca a través de prácticas comerciales, que también reciben la calificación de abusivas y tendrán el mismo régimen de impugnación.

- Todos los contratos, incluso los firmados antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2013, quedarán sometidos a la Ley 3/2004, teniendo en cuenta la nueva redacción, en el plazo de un año desde dicha entrada en vigor.

Pueden ponerse en contacto con nuestro Área Fiscal para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

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